En este sentido, el CERMI ha celebrado la decisión de la Secretaría de Estado de Hacienda de imponer una sanción económica de 25 millones de euros a la denominada Organización Impulsora del Discapacitado (OID) por infracción muy grave en materia de juego, al quedar acreditado administrativamente que desarrolla actividades de juego ilegal. La OID es una de las cinco asociaciones que comercializan productos de juego ilegal en Cataluña y la única que actúa en todo el Estado. Además de la  OID operan en Catalunya FAMAC, ATM, DISCAT y ADIS.

 

ATM tiene origen en Tarragona y opera sobre todo en esta provincia; ADIS,  por su parte, es de Girona y realiza su actividad de manera exclusiva en esta provincia.

 

El COCARMI ya denunció la primavera pasada el retroceso de derechos que supone la utilización de las personas con discapacidad a nuestro país en actividades de juego no legales. Por eso, pidió a la administración que paralizase estas prácticas, cada vez más habituales y perjudiciales para la imagen de estas personas.

 

Ahora, el CERMI considera que la medida contra la OID es un primer paso positivo, después de muchas décadas de inacción y desidia de los poderes públicos en la persecución efectiva del juego  ilegal, como el caso de la OID, que recurren a personas en situación de vulnerabilidad social (muchas de ellas personas con discapacidad) para unos fines contrarios a la legalidad vigente.

 

Sin embargo, las sanciones económicas no son suficientes para erradicar estas prácticas ilícitas que vulneran los derechos de las personas con discapacidad y perjudican gravemente la estabilidad y continuidad de este sector social, por lo cual insta a Hacienda a ir mucho más allá y a adoptar medidas más enérgicas contra los entramados de juego ilegal, con el fin de desmantelar de raíz y de manera definitiva sus estructuras.

 

El CERMI, como principal representante del movimiento social de la discapacidad en España, seguirá reclamando al Ejecutivo y a los gobiernos autonómicos con competencias en la materia que persigan el juego ilegal y actúen legalmente contra sus promotores y dirigentes.